Jimmy Pepinosa
EditorLa disputa por el uso de las aguas subterráneas en La Calera, municipio aledaño a Bogotá, ha entrado en una fase decisiva porque la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) debe pronunciarse sobre la solicitud de renovación por diez años de la concesión hídrica otorgada a INDEGA S.A., empresa embotelladora de Coca-Cola en Colombia.
Un debate se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por el acceso al agua, la sostenibilidad de los ecosistemas y la prioridad del recurso para el consumo humano.
Aunque para entender el debate, es clave tener presente que el agua que Coca-Cola capta en La Calera proviene de manantiales subterráneos, y aunque puede ser de buena calidad natural, no se considera automáticamente agua potable.
Es agua cruda, es decir, requiere tratamiento para cumplir con los estándares de potabilidad antes de ser embotellada o utilizada en la producción de bebidas.
Una concesión de larga data
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Desde 1984, la planta de Coca-Cola en La Calera ha contado con autorización para captar aguas subterráneas provenientes de siete manantiales ubicados en la vereda Santa Helena.
La concesión se ha renovado periódicamente durante cuatro décadas, pero su más reciente vencimiento, en diciembre de 2024, coincidió con una crisis ambiental sin precedentes: el fenómeno de El Niño redujo significativamente los niveles hídricos en la región, obligando a implementar racionamientos de agua en Bogotá y municipios vecinos, incluido La Calera.
En ese escenario, el uso del recurso para actividades industriales como el embotellamiento de agua entró en entredicho. Y desde entonces la presión social ha crecido con investigaciones periodísticas y denuncias comunitarias que sostienen que, mientras los habitantes de La Calera enfrentaban escasez, la planta de Coca-Cola continuaba operando sin modificaciones en su volumen de captación.
Comunidad pone en duda los estudios actuales
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Organizaciones ambientales, defensores de derechos humanos y líderes locales han cuestionado la validez de los estudios técnicos que sustentan la solicitud de renovación.
De hecho, uno de los argumentos más reiterados en las intervenciones ciudadanas ha sido la necesidad de realizar nuevos análisis independientes que reflejen el verdadero impacto de la actividad empresarial sobre fuentes como la quebrada San Lorenzo, vital para el abastecimiento del municipio.
La CAR, en un hecho sin precedentes, activó el mecanismo de audiencia pública para abordar la controversia. Durante una extensa jornada de más de ocho horas, se registraron 280 intervenciones de ciudadanos, expertos, autoridades locales y representantes de la empresa.
Qué ocurrió durante la audiencia
(@BerthaNeris)
Aunque la embotelladora presentó un estudio técnico que asegura que la captación de agua no afecta otras fuentes hídricas y que el volumen extraído no supera el ingreso natural al subsuelo, estas conclusiones fueron cuestionadas por estudios paralelos.
La Corporación Geoambiental Terrae expuso inconsistencias en el modelo utilizado por la consultora contratada por Coca-Cola y señaló deficiencias metodológicas que, según sus técnicos, impiden llegar a conclusiones definitivas sobre el impacto ambiental de la operación.
Además, la solicitud de prórroga ha puesto sobre la mesa otros temas sensibles, como las tarifas que paga la multinacional por el aprovechamiento del recurso, las medidas de compensación social y el uso racional del agua como bien público.
El alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, intervino en la audiencia para recordar que el municipio ha sufrido históricamente por la escasez de agua, situación agravada por la expansión urbana y el cambio climático. Desde su perspectiva, es imprescindible revisar el modelo de gestión hídrica en función del interés general.
Cuál es la alternativa que está sonando
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Uno de los puntos intermedios que ha ganado terreno es la posibilidad de reducir el caudal autorizado para la captación, actualmente fijado en 3,25 litros por segundo.
Esta alternativa podría permitir una continuidad limitada de la operación empresarial, mientras se mitiga el impacto sobre el abastecimiento local.
Sin embargo, tanto líderes comunitarios como expertos ambientales insisten en que no debería tomarse una decisión definitiva, sin antes contar con estudios técnicos rigurosos, elaborados con mayor transparencia y participación ciudadana.
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